Dice el refrán que no hay mejor defensa que un buen ataque. Con esta estrategia, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asestó ayer un duro golpe político a buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados cuando acusó al jefe de gobierno porteño y candidato a la reelección, Jorge Telerman, de emitir facturas falsas de publicidad, y al involucrar al candidato presidencial Roberto Lavagna en el escándalo del caso Greco. Fernández llegó al recinto de la Cámara baja para exponer ante los legisladores su habitual informe de gestión, tal como exige la Constitución nacional. La oposición, en un acuerdo sin precedente, había decidido unirse para acorralarlo con las denuncias y los escándalos que salpican al Gobierno, entre ellos los casos Skanska y Greco, el conflicto docente en Santa Cruz y los desmanejos en el Instituto de Estadística y Censos (Indec). Pero, a la postre, fue Fernández el que propinó el golpe más fuerte. El presidente Néstor Kirchner habló ayer por primera vez del caso Skanska. “Es un acto de corrupción entre privados”, enfatizó, y agregó que “no hay un solo elemento [en la causa judicial] que diga que hay un funcionario del gobierno nacional que tenga algo que ver”. Pero la intención de despegar al Gobierno del caso no quedó ahí. En la Cámara baja, el jefe de Gabinete denunció que en julio pasado el gobierno porteño contrató publicidad por un monto total de 500.000 pesos a través de facturas falsas emitidas por la empresa Soul Group Sociedad Anónima. Uno de los jueces del caso Skanska investiga si esta empresa tiene actividad real y si actuó en consonancia con la firma Infiniti, que emitió facturas falsas para disimular el pago de coimas en la construcción del Gasoducto del Norte. Anoche Telerman dijo que la acusación es un “delirio” y que su gobierno nunca pagó una factura falsa. “Acá hay facturas truchas con fondos públicos, cuatro de ellas emitidas el mismo día, el 20 de julio de 2006. Acá lo tienen -exclamó Fernández, exhibiendo en alto un manojo de papeles-, facturas de publicidad contratadas por el gobierno porteño. El mismo gobierno que ahora participa de la Coalición Cívica, que lleva de socia a la que dijo que el caso Skanska era un tsunami para el Gobierno [en referencia a Elisa Carrió]. Y yo le digo que se preocupe, porque este escándalo es el tsunami de su socio [Telerman]." Casualmente, el juez que investiga el presunto pago irregular de publicidad del gobierno porteño es Javier López Biscayart, del juzgado nacional en lo Penal Tributario N° 1. Es el mismo que tiene la causa por el posible pago de sobornos para ampliar un gasoducto en Córdoba, a cargo de la empresa sueca Skanska, contratada por Transportadora Gas del Norte (TGN). Según constató el juez, Skanska usó facturas falsas para simular operaciones y así generar fondos para el pago de "comisiones indebidas" que le proveyó la empresa fantasma Infiniti. El jefe de Gabinete le dedicó un duro reproche a López Biscayart: "¿Cómo es posible que esto [el uso de facturas falsas para publicidad] se haya descubierto en septiembre y desde entonces [la causa] duerme un sueño eterno?" Fernández negó en forma reiterada las denuncias sobre la presunta vinculación del Gobierno con el caso Skanska. Insistió en que se trata de un problema "entre empresas privadas", es decir, entre Skanska y TGN. Deslindó toda responsabilidad del órgano de contralor, Enargas, y enfatizó que los fondos usados presuntamente para "comisiones indebidas" provenían de un fideicomiso de recursos privados. "En ningún lugar aparece un vínculo claro entre el Gobierno y la empresa Infiniti. Su titular, Adrián López, dijo [a la Justicia] que pensaba que esto se trataba de un dinero negro para pagar comisiones, que no sabía a ciencia cierta quién las cobraba, pero que suponía que podría ser alguien del Ministerio de Obras Públicas. Para que se entienda, este señor está procesado por asociación ilícita", desestimó. El jefe de Gabinete abundó sobre el caso Greco, que investiga la Justicia, sobre las presuntas irregularidades en la orden de pago por $ 330 millones en bonos que dispuso el Estado en favor del desaparecido grupo económico. Fernández vinculó indirectamente a Lavagna, ex ministro de Economía, en el escándalo. Indicó que a partir de 2003 -durante la gestión de Lavagna-, el secretario legal administrativo del Ministerio, Eduardo Pérez, y su equipo habían consentido el pago al grupo Greco y habría pedido expresamente que no se apelara el fallo del juez Juan Soto, que había homologado el pago por $ 330 millones. La orden de pago fue cuestionada luego porque no contempló la deuda del grupo Greco con el Estado. El jefe de Gabinete no se privó de repartir críticas e ironías. Pero para entonces, la mitad del recinto se hallaba vacío. Los diputados de la oposición se habían retirado minutos antes de que ingresara Fernández, ofendidos porque el oficialismo no había permitido cambiar la metodología de presentación del informe del funcionario. Los opositores pretendían acotarlo a tres o cuatro temas con posibilidad de repreguntas. Y propusieron que se trataran los casos Skanska, Greco, Indec y el conflicto docente en Santa Cruz. El kirchnerismo, sin embargo, rechazó innovaciones. El presidente del cuerpo, Alberto Balestrini (FV-Buenos Aires), argumentó que desde 1995 la tradición parlamentaria había impuesto como mecanismo que el jefe de Gabinete debía responder después de escuchar todas las preguntas. La oposición se retiró, molesta. "Parece mentira que a estas alturas de la democracia se imponga una interpretación que impida a un funcionario responder las preguntas de quienes tenemos la representación plural del pueblo", exclamó el titular del bloque radical, Fernando Chironi (Río Negro). Sus pares Eduardo Macaluse (ARI), Federico Pinedo (Pro) y Jorge Sarghini (Peronismo Federal) acompañaron la decisión de retirarse. El oficialismo no se amilanó y Fernández ingresó en el recinto. "Voy a responder a todo", arrancó. Hasta justificó la intransigencia a negociar en el conflicto docente en Santa Cruz hasta tanto se levante la huelga. "Allí se cobran los mayores sueldos docentes del país", dijo y recordó que el líder del sindicato docente y el intendente de Río Gallegos son radicales. "Este es un conflicto político", enfatizó.
Por Laura Serra De la Redacción de LA NACION
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